Grupo prioritario Personas con Discapacidad

ANTECEDENTES

La parroquia rural de Santa Catalina de Salinas pertenece al cantón de San Miguel de Ibarra de la Provincia de Imbabura, ubicada a 25.50Km al norte de la capital provincial. En la provincia de Imbabura cuenta con un porcentaje de 11, 62% de las personas con discapacidad. En la Parroquia la población es de 1.936 habitantes, de los cuales el 15,36% corresponde a las personas con discapacidad, en un total de 128 personas entre hombres y mujeres; que se encuentran en sectores alejados, comunidades de Cuambo, Palacara, La Victoria; los barrios San Luis, San Miguel, San Martin, la Floresta, Central, la Esperanza.

Sectores con poca accesibilidad en los servicios de primera necesidad, por lo que es necesario el desplazamiento a brindar la atención con calidad y calidez en los domicilios de los usuarios.

La mayoría de las personas con discapacidad cuentan con estudios básicas, en su mayoría acceden a los servicios básicos como: energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; su vivienda para el 50 % no es propia, viven con familiares más cercanos.

Desde el año 2005 el GAD Rural de Santa Catalina de Salinas ha incluido a las personas con discapacidad en las diferentes actividades, culturales, cívicas, económicas, productivas y turísticas, es decir, son parte del proceso de desarrollo de la comunidad para buscar mejores alternativas de vida para los actores y sus familias.

En el año 2007 el MIES forma parte de los aliados estratégicos para la atención de este sector vulnerable que son las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores del Territorio Ancestral de la Parroquia de Salinas y sus alrededores como: Cuambo, San Luis y Comunidades vecinas como: La Victoria y El Juncal.

Para el GAD Parroquial Rural de Salinas es prioridad atender las necesidades de los grupos de atención prioritaria con énfasis en las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad de pobreza y extrema pobreza, con enfoques culturales, inclusivos, de derechos y de género.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto se ejecutará en la parroquia de Salinas .La atención a las personas con Discapacidad a través de la modalidad de Atención Extramural en el Hogar y la Comunidad, se ejecuta a través de visitas en su hogar, para desarrollar las diferentes actividades planificadas, direccionadas al mejoramiento de las condiciones de vida, inclusivas, y direccionar a que sean atendidos por su núcleo familiar, rescatando sus destrezas y habilidades residuales que los usuarios poseen respetando su cultura, tierra y territorio que aportaran a la parroquia, la provincia, al país y sociedad en general.

Por las condiciones que presentan los usuarios de entre 18 a 64 años de edad, el personal técnico se desplaza dos veces cada quince días y dos veces al mes en los hogares de cada uno de ellos, con el acompañamiento de los cuidadores y familias.

De esta manera se mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, también se mejoran las de sus cuidadores y sus familias, porque además se les incluye dentro de los procesos económicos productivos, agrícolas del territorio, explorando sus habilidades residuales con sus características similares y grupales.

BASE LEGAL

Constitución de la República del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador establece como principio la igualdad de todas las personas y el goce de los mismos derechos, deberes y oportunidades, prohíbe todo tipo de discriminación que tenga por objeto el menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos, debiendo la ley sancionar dichas formas de discriminación. El Estado debe adoptar medidas de acción afirmativas en favor de quienes se encuentren en situación de desigualdad.

Así mismo se establece que las personas con discapacidad, deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, correspondiendo al Estado prestar especial protección a las personas que estuvieren en condición de doble vulnerabilidad y garantizar políticas de prevención de las discapacidades procurando la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y la integración social.

Esta priorización de la política pública se ve igualmente ratificada en los compromisos internacionales asumidos en base a la adhesión del Ecuador efectuada el 4 de marzo del 2008 a la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como promover el respeto a su dignidad inherente.

Se señala en el Art. 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; literal, b. Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta.

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021

Señala en el Objetivo 2 la necesidad de “Nuestro sistema económico es social y solidario. La economía está al servicio de la población para garantizar los derechos y en ella interactúan los subsistemas públicos, privado, y popular y solidario; los tres requieren incentivos y regulación del aparato público”.

El reto de este período es fomentar alianzas público-privadas en la búsqueda del empoderamiento y la corresponsabilidad del sector privado en el desarrollo del país. Auspiciar la igualdad, cohesión social, la inclusión, la equidad social y territorial en la diversidad”

En el Objetivo 5 señala “construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”.

Múltiples espacios de diálogo destacan la importancia del uso del espacio público y el fortalecimiento de la interculturalidad; así como los servicios sociales tales como la salud y la educación. Uno de los servicios sociales más importantes y prioritarios es el agua, el acceso y la calidad de este recurso para el consumo humano, los servicios de saneamiento y, por supuesto, para la producción y sistemas de riego. La ciudadanía hace hincapié en el acceso a los servicios básicos y el disfrute de un hábitat seguro, que supone los espacios públicos, de recreación, vías, movilidad, transporte sostenible y calidad ambiental, así como a facilidades e incentivos a través de créditos y bonos para la adquisición de vivienda social; pero también señala la importancia del adecuado uso del suelo y el control de construcciones. Nuevamente, se reitera la pertinencia territorial, cultural y poblacional de los servicios sociales, sobre todo en los temas de vivienda, salud o educación. Se demanda la garantía de salud de manera inclusiva e intercultural, con énfasis en la atención preventiva, el acceso a medicamentos, la salud sexual y reproductiva, la salud mental; impulsando el desarrollo permanente de la ciencia e investigación. Concomitante a la salud, en los diferentes diálogos ciudadanos se señala la problemática de la malnutrición, que comprende trastornos como la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso, los cuales tienen implicaciones en los hábitos y las prácticas culturales, que deben ser prevenidas con campañas de información permanente sobre los alimentos que se consumen. Para el caso de la educación se señala que el acceso a los diferentes niveles (inicial, básica, bachillerato y superior) debe garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente, con disponibilidad para la población en su propio territorio. Se debe implementar modalidades alternativas de educación para la construcción de una sociedad educadora en los niveles que mayor atención requieren: el bachillerato y la educación superior.

Las mesas de diálogo por la plurinacionalidad, la cultura, la educación, entre otras, destacan la importancia de la profesionalización de la ciudadanía (oficios, artesanos, artistas, otros), para lo cual es prioritario fortalecer la educación técnica y tecnológica al considerarla como de tercer nivel. Además, plantea que la oferta académica debe tener pertinencia productiva (según sus diferentes entornos y territorios) y vinculación con el mundo laboral. Entre las prioridades se encuentra también la erradicación de diferentes formas de violencia, principalmente respecto a mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, promoviendo un sistema de prevención, protección, atención integral y reparación de derechos a las personas que han sufrido de ella. En el mismo sentido, la discriminación y la exclusión social son una problemática a ser atendida, con la visión de promover la inclusión, cohesión social y convivencia pacífica. Por ello, la ciudadanía hace alusión a la Constitución (2008), en la que se garantiza la protección integral y la protección especial a través del Sistema de Inclusión y Equidad Social, que debe aplicarse por medio de sistemas especializados de atención; este es el caso particular de la niñez y adolescencia, donde se afirman los principios de la doctrina de la protección integral, la especificidad y especialidad dentro del sistema de protección de derechos, los temas de justicia especializada, la justicia juvenil penal para los adolescentes infractores y la aplicación efectiva de medidas socioeducativas en el caso de adolescentes infractores, entre otros temas. Asimismo, en las diferentes mesas de diálogo se señalan los temas de seguridad social con énfasis en los grupos de atención prioritaria y grupos vulnerables.

La seguridad ciudadana aborda de manera integral la atención a los tipos de muertes prevenibles; la protección especial para los casos de violencia sexual, explotación sexual y laboral, trata de personas, trabajo infantil y mendicidad, abandono y negligencia, accidentes de tránsito, suicidios; y la prevención del uso de drogas, tomando en cuenta el control, tratamiento, rehabilitación y seguridad del consumo problemático de las mismas, bajo un enfoque de derechos y con base en evidencia científica. Finalmente, otro gran grupo de propuestas priorizadas en los diálogos nacionales se centra en temas relativos a la formación en valores, la promoción de la cultura y el arte, la producción nacional audiovisual; el acceso, uso y aprovechamiento de medios y frecuencias, la información, la comunicación y sus tecnologías. En base a la Convención de la Organización de Las Naciones Unidas, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Ley Orgánica de Discapacidad.

En la normativa nacional, Ley Orgánica de Discapacidades en el Artículo 86, determina que “las personas con discapacidad tienen derecho a la protección y promoción social por parte del Estado, que les permita el máximo desarrollo de su personalidad, fomento de autonomía y la disminución de la dependencia” (LOD, 2012). Además, señala en el Art. 87 de la misma Ley, que “la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social y/o los gobiernos autónomos descentralizados articularán con las entidades públicas y privadas el desarrollo y ejecución de políticas”, destinadas entre otras a: Fomentar la autonomía, goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; 2. Orientar y capacitar a las personas y las familias que tienen bajo su cuidado a las personas con discapacidad, en el buen trato y atención que deben prestarles; 7. Establecer mecanismos de participación, solidaridad y responsabilidad comunitaria para la integración e interacción social de las personas con discapacidad y sus familias

Con la ejecución de este proyecto se contribuye al cumplimiento del Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) garantizando así, a las Personas con Discapacidad beneficiarios del Proyecto, una vida digna con igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta que son personas en condición de pobreza y extrema pobreza y dadas las características de la zona, se les brinda el servicio hasta sus hogares permitiendo así la adquisición y el fortalecimiento de habilidades.

De igual forma, se le da cumplimiento al Artículo 87 de la Ley Orgánica de Discapacidades, en cuanto a: fomentar la autonomía, goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; orientar y capacitar a las familias que tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad sobre el buen trato y atención que deben prestarle a través de talleres sobre inteligencia emocional, así como encuentros de autoayuda mutua.

Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes por su grado de discapacidad-intelectual, física y/o sensorial, así como por su ubicación geográfica, no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios.

Está organizado a través del trabajo con profesionales en el área de educación especial, psicopedagogía, Psicólogo, trabajo social y otras afines orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al mes por el tiempo de dos horas. En este tiempo desarrollará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad, además proporcionará a las familias, o a quienes estén a cargo de su cuidado, información práctica y técnicas simplificadas para la atención a la persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de su familia y comunidad.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades, habilidades y destrezas de las personas con discapacidad en pobreza, pobreza extrema o condición de vulnerabilidad que sean usuarias de los servicios, en la modalidad de atención en el hogar y la comunidada través de un trabajo articulado entre sus familias, redes de apoyo, y otros actores clave, que permitan promover un mayor nivel de autonomía orientado a mejorar sus condiciones de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar las habilidades sociales y de autonomía de las personas con discapacidad, además de proporcionar a las familias, o a quienes sean responsables de su cuidado, de información práctica y técnicas simplificadas para la atención de las personas con discapacidad; promoviendo así el incremento de su autonomía, disminución de la dependencia, la inclusión en su familia y comunidad

Fomentar la participación activa de la familia, comunidad y estado para generar cambios cualitativos que propicien la inclusión social y económica.
Construir el Plan de Vida de los usuarios-as, realizar la planificación centrada en la persona, de forma anual y mensual para que alcance las metas programadas
Establecer servicios de apoyo familiar: espacios de respiro, grupos de ayuda mutua, redes de apoyo para la exigibilidad de los derechos.
Implementar acciones orientadas a la articulación interinstitucional enfocadas a la inclusión social, cultural y económica (laboral o productiva).